Entre 2007 y diciembre de 2014 se contabilizan más de 25.000 personas desaparecidas en el país. En el primer cuatrimestre de 2015 la cifra fue de 1.360. Se proyecta que supere los 4.000 a fin de año.
Hasta antes del 26 de septiembre de 2014, pocos mexicanos conocían de la existencia de la escuela normalista rural “Raúl Isidro Burgos”. Pero la noche de ese día, Ayotzinapa e Iguala, en el estado de Guerrero, irrumpieron en el mapa del país y del mundo, porque 43 de los jóvenes que estudiaban ahí desaparecieron, seis personas murieron y 25 resultaron heridas, supuestamente a manos de elementos de la policía municipal y del grupo criminal conocido como Guerreros Unidos.
A casi un año del primer aniversario de ese episodio, los familiares y sobrevivientes de la masacre de Iguala aún no conocen la verdad de lo sucedido y buscan que las autoridades no cierren el caso. Mientras, la Comisión Interamericana de DD.HH. acaba de prorrogar por dos meses el mandato del grupo de expertos que asesora la investigación y que hoy debería entregar su último informe.
Si bien el caso de Iguala, según el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, Luis Raúl González Pérez, permitió visibilizar el problema de la desaparición forzada y la existencia de fosas clandestinas, el fenómeno está lejos de mejorar. Y, lo que es peor, denuncia el ombudsman nacional, no es posible “dimensionar el fenómeno (de los desaparecidos) debido a la carencia de bases de datos confiables y actualizados”.